El Parlamento italiano ha aprobado esta semana una ley que permitirá a sus ciudadanos sin hogar tener acceso al médico de cabecera. Según la nueva norma, todas las personas en situación de indigencia temporal o indefinida –y, por tanto, sin residencia– podrán acudir a partir del próximo 1 de enero a cualquier centro de salud público del país y solicitar allí un médico (o un pediatra, en el caso de los menores) para obtener la atención primaria básica. “Se ha ganado una batalla histórica”, afirma el abogado Antonio Mumolo, quien ha batallado durante 15 años para que “todas las personas pobres de Italia” puedan acceder a ese derecho.
La medida fue presentada por el Partido Democrático (PD, centroizquierda) y ha sido aprobada en el Senado con 227 votos a favor (con un presupuesto inicial de un millón de euros hasta 2026). El Gobierno de derechas de Giorgia Meloni ha dado su apoyo a la iniciativa. “Es una decisión que beneficiará a miles de personas a quienes hasta ahora se les ha negado este derecho por no tener residencia”, asegura a El Periódico de Catalunya el diputado progresista Marco Furfaro, primer firmante de la nueva ley y responsable de Asuntos Sociales del PD.
Medida humanitaria y ahorradora
De acuerdo con él, el escollo del requisito de la residencia –que también existe en España, donde para acceder al sistema de salud se necesita estar empadronado, aunque los servicios de urgencias deben atender a todo el mundo– fue superado gracias a que el PD defendió que de esta forma el Estado se ahorrará una importante suma de dinero. “En Italia, todos los ciudadanos, cuenten con residencia o no, tienen el derecho a la asistencia sanitaria pública: lo que ocurría hasta ahora es que estas personas acudían hasta 10 veces al año a Urgencias. Y esto significaba un gasto para el Estado de hasta 4.000 euros al año, ya que cada ingreso cuesta 400 euros”, explica Furfaro. “Un médico de familia, en cambio, cuesta 80 euros al año por paciente”, añade.
La nueva norma no prevé, sin embargo, que se beneficien los extranjeros sin papeles, sino únicamente los ciudadanos italianos y los extranjeros con permiso de residencia válido. Se trata de un colectivo de casi 100.000 personas, cifra a la que se añade un número indefinido de personas sin hogar que no constan en los registros oficiales. Por esta razón, se ha solicitado también la colaboración de diversas organizaciones de protección social para identificar y asistir especialmente a personas con problemas de salud mental y otras discapacidades.
Emilia Romañan, región pionera
La decisión supone una extensión de un proyecto iniciado en Emilia Romaña (noreste de Italia), la primera región italiana en la que la medida entró en vigor gracias a una resolución local de hace dos años, promovida por una serie de abogados y seguida después por medidas similares en otras cinco regiones. La iniciativa ya ha sido experimentada en 14 ciudades italianas –entre ellas, Roma, Milán, Florencia, Venecia y Turín–, en las que, con un presupuesto de dos millones de euros en dos años, se pudieron cubrir las necesidades del 60% de las personas sin hogar presentes en Italia.
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Así, también se pone fin a una de las triquiñuelas que hasta ahora utilizaban las asociaciones para garantizar el acceso de las personas sin hogar a un médico de cabecera: asignarles una dirección falsa, o la de un ayuntamiento u otra institución, con el fin de poder otorgarles este derecho. Las direcciones ficticias, en efecto, no existen desde el punto de vista toponímico, pero tienen validez jurídica en Italia, lo que no dejaba de ser una solución poco factible a largo plazo.