El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por el sindicato CSIF que tenía como objetivo que los empleados públicos recuperen las pagas extraordinarias recortadas desde el año 2010. La iniciativa solicita la nulidad del acuerdo de la Mesa del Congreso, que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular en este sentido. Según el sindicato, la decisión vulnera el derecho constitucional de participación ciudadana.
La Mesa del Congreso desestimó la propuesta en mayo de 2023 argumentando que afectaba a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, CSIF defiende que esta afectación no constituye una causa válida para su rechazo, ya que la iniciativa solo plantea eliminar una normativa vigente (el RDL 8/2010) y negociar los cambios en la Mesa General de las Administraciones Públicas.
El sindicato subraya que otras propuestas con un mayor impacto económico han sido admitidas a trámite y denuncia la falta de motivación suficiente en la resolución del Congreso. Además, considera que negar la ILP vacía de contenido este mecanismo de participación ciudadana.
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A partir de ahora, el Tribunal Constitucional estudiará el caso por su especial trascendencia constitucional, ya que podía tener implicaciones políticas y sociales de calado. Un impacto económico estimado que asciende a 30.000 millones de euros según fuentes consultadas.