Los socios de investidura han redoblado la presión sobre el Gobierno antes de iniciarse formalmente la negociación de los Presupuestos. Junts a través de la exigencia a Pedro Sánchez de una cuestión de confianza y Podemos con la advertencia de una “ruptura total” si no se avanza en la concreción del impuesto a las energéticas. En el Gobierno recetan “calma”, acostumbrados a una legislatura marcada por los órdagos, pero ya han movido ficha al asumir que sus socios “quieren garantías de cumplimiento” de acuerdos pendientes.
Por un lado, en el Ejecutivo enfocan sus esfuerzos en desbloquear cuanto antes el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración pactado con Junts. Por otro, tras la exigencia de los morados, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocará este miércoles a los grupos para abordar el impuesto a las energéticas.
En Moncloa intentan rebajar el órdago de Junts a una estrategia negociadora y se muestran optimistas sobre la posibilidad de cerrar pronto un acuerdo para la transferencia de competencias. Si bien se escudan en la necesidad de “cierta discreción” para encarrilarlo, aseguran que se está “trabajando y avanzando”. Una percepción que no parece compartir el ‘expresident’ y líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, quien advertía este lunes que tras un año de los acuerdos de investidura “las cosas no van bien”.
En el Gobierno prefieren enfocarse en las negociaciones y descartan que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, al tratarse de una prerrogativa que corresponde solo al presidente del Gobierno. En este mes de diciembre está previsto que la dirección del PSOE, encabezada por Santos Cerdán, celebre la última reunión del año con Carles Puigdemont fuera de España, dentro del compromiso de mantener un encuentro mensual con la presencia de mediación internacional, que ejercer el diplomático salvadoreño Francisco Galindo. Un espacio para engrasar las relaciones que se suma a los contactos del secretario de Organización del PSOE con el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Sobre el impuesto a las energéticas exigido por sus socios del arco progresista, en el Gobierno no han tardado en tomar nota para sentarse a buscar un consenso. La voluntad de Hacienda es sacarlo adelante, según tranquilizan desde su departamento en línea con lo comprometido con ERC, EH Bildu y BNG, primero, y posteriormente con Podemos. De ahí que se plantee el registro de una proposición de ley, antes de abordar la posibilidad de un decreto, pues tanto el gravamen extraordinario a la banca como a las energéticas caduca el 31 de diciembre. Sin embargo, preventivamente explican que lo que no pueden hacer es comprometer los votos de otros grupos.
PNV y Junts tienen reticencias y la única posibilidad de llegar a un acuerdo transversal, avisan desde el Ejecutivo, es que todas las formaciones acaben cediendo. Algo que no ha sido posible hasta ahora y cuya fórmula pasaría por establecer deducciones a las empresas que inviertan en descarbonización. El punto de fricción tiene que ver con el volumen de dichos incentivos fiscales.
Acuerdos con el PNV
Con los nacionalistas vascos está pendiente la materialización de un nuevo paquete de transferencias, según el calendario fijado en el pacto de investidura. Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales avanzaron en ello durante una reciente reunión en Moncloa el pasado 27 de noviembre, tras la que se celebró la comisión bilateral Estado-País Vasco. Para los jeltzales es imprescindible firmar las transferencias relativas a gestión del litoral y la cinematografía antes de que acabe el año y realizar avances concretos en otras cuatro.
Con el PNV, al igual que con Junts, está comprometido el impulso del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Las gestiones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no han dado por ahora los frutos previstos y para Junts no es suficiente que se avance solo en su uso en el Parlamento Europeo, sino también en el Consejo de Europa. Para esto último se requiere modificar los tratados de la UE y contar para ello con el aval de todos los Estados miembros. Albares se reunió el pasado miércoles con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para abordar con ella el momento de la votación sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento, aunque sin fijarse fechas ni logros tangibles.
A la espera de las primarias en ERC
El Ejecutivo tampoco ha perdido de vista el frente de ERC. A la espera de que los republicanos resuelvan en primarias la incógnita sobre su liderazgo para abrir formalmente las negociaciones de Presupuestos, en el Gobierno sondean a ambas facciones. “Hablamos con todos”, señalan para intentar blindar las negociaciones y evitar mostrar preferencias en la pugna entre Oriol Junqueras y la lista alternativa encabezada por Xavier Godás, con el apoyo de Marta Rovira.
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Los Presupuestos de 2025 son una “prioridad” para el Gobierno. Su principal bombona de oxígeno para estirar la legislatura. Ante ello, trasmiten a sus socios el mensaje de que “el Gobierno cumple sus compromisos y seguiremos hablando y negociando con todos los grupos parlamentarios para que los acuerdos alcanzados vean la luz“. “En el último año, desde el Gobierno hemos trabajado ininterrumpidamente de la mano de los grupos parlamentarios para sacar adelante medidas que beneficien al conjunto de la población”, añaden fuentes del Ejecutivo para asegurar que “así seguiremos”.