El Gobierno prevé aprobar este lunes en el Consejo de Ministros un decreto con la prórroga de algunas de las medidas y ayudas del denominado escudo social que ha negociado tanto dentro de la coalición como con sus socios de investidura. La intención de Hacienda pasaba por recortar la mayoría de ayudas excepcionales para evitar que se conviertan en crónicas, al considerar que sus causas han decaído por la bajada de la inflación, pero finalmente el departamento que dirige María Jesús Montero se ha visto obligado a ceder en parte a la presión de sus socios. Como sucederá con la prórroga de las bonificaciones al transporte, pactada con Podemos a cambio de su apoyo a la ley de eficiencia de la Justicia.
Fuentes del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios que han negociado apuntan a la pretensión de extender otras medidas como la prohibición de los cortes de suministros básicos -como la luz, el agua y el gas- a los hogares vulnerables. Una medida que exigían desde EH Bildu y por la que ha presionado también el ministerio de Derechos Sociales, en manos de Sumar, que dirige Pablo Bustinduy.
En lo que ha habido más choques y enfrían desde la parte del Gobierno es respecto a la prórroga del bono social eléctrico. La hoja de ruta del Gobierno, que pretende mantener, pasa por recortar porcentualmente y de forma escalonada estos descuentos en la factura de la luz para los hogares vulnerables y vulnerables severos.
La misma intención había con las bonificaciones al transporte, aunque tras el empuje de los morados, en el ministerio de Transportes se refieren a una “transición” hasta el mes de julio con las mismas bonificaciones para aplicar durante el segundo semestre el “nuevo modelo”. Se trataría de una disminución de las bonificaciones para limitarlas a determinados colectivos, sin cambios en la parte correspondiente que se exige a las comunidades autónomas. De cara a 2026, las mismas fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, señalan que el objetivo es tender a la implantación del denominado “billete único”.
Desde el Ejecutivo han tenido que hacer equilibrios para cuadrar las cuentas y ceder en algunas de las exigencias de sus socios. Unos acuerdos que sirven para allanar la negociación de los Presupuestos, cuyas conversaciones formales arrancarán este mes de enero. Es por ello que se llevará también al Consejo de Ministros la aprobación de un decreto con el impuesto a las energéticas, pese a derogarlo PP, PNV y Junts.
En el Gobierno son conscientes de que el Congreso lo tumbará cuando se tenga que votar su convalidación dentro un mes, con la consiguiente inseguridad jurídica, pero entienden que con ello cumplen el compromiso adquirido con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Los morados, además, lo ponen como condición para sentarse a negociar los Presupuestos.
La subida del impuesto al diésel tampoco cuenta con todas las garantías para su convalidación, aunque en el Gobierno son más optimistas que con el tributo extraordinario a las energéticas. Un compromiso con la Comisión Europea que se llevará a aprobación en otro real decreto ley independiente para conseguir sacarlo adelante al tener que convalidarse en una votación distinta. En este caso, los nacionalistas vascos avanzan que “en principio no se opondrán a la equiparación fiscal del diésel, como ya hicieron en la comisión de Hacienda del Congreso, pero siempre que se desvincule de las energéticas.
Deshielo en la política de bloques
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará balance este lunes del primer año de la investidura y antes de afrontar la cuesta de enero con las negociaciones para los Presupuestos. A todo ello se incluye la caída en las encuestas, incluso en el CIS, ante la presión de los frentes judiciales y la investigación de corrupción por el caso Koldo, que tendría incidencia directa en la desmovilización del electorado socialista.
En el Ejecutivo son optimistas pese a que se ha pasado de la política de bloques a una política líquida, con Junts y PNV dando muestras de sumar una mayoría alternativa con el PP en votaciones como la del paquete fiscal. En Hacienda atribuyen esta brecha a que dentro del bloque de investidura siempre hubo polarización entre los diferentes socios en materia de fiscalidad.
Al mismo tiempo, desde Moncloa se esfuerzan por ver el vaso medio lleno y destacar que han sacado adelante el grueso de la reforma fiscal y que la actividad legislativa en este año apenas se habría visto mermada por la inestabilidad parlamentaria del Gobierno. El año de cierre con un total de 25 leyes publicadas en el BOE, repiten desde el Gobierno, para sumarle desde el grupo socialista otras 31 iniciativas en tramitación.
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El Gobierno presentará los Presupuestos aunque no tenga atados sus apoyos y se pone el mes de marzo como tope, consciente de que antes de abordar esta carpeta con Junts deberá cerrar acuerdos sobre compromisos previos. Sánchez incidía el pasado jueves en que “no vamos a obviar nuestra responsabilidad”, durante una intervención desde Bruselas tras participar en el Consejo Europeo. Asimismo avanzaba que “vamos a sudar la camiseta y trabajar para sacarlo adelante” tratando de volver a apuntar una mayoría de investidura que sigue dando muestras de desarticulación.