Carles Puigdemont exigió este lunes a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Pero no se quedó ahí la cosa. Los posconvergentes lanzaron un órdago, presentando una proposición no de ley en el Congreso que, aunque sin valor jurídico alguno, es de facto una votación sobre los apoyos con los que cuenta el presidente del Gobierno. Es decir, una cuestión de confianza, aunque sin las consecuencias de la misma. La iniciativa genera dudas entre los letrados de la Cámara Baja, según fuentes parlamentarias, por lo que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, podría rechazar su tramitación y hacer fracasar el plan de Puigdemont.
“Las cosas no van bien”, aseveró Puigdemont, sobre su relación con el Gobierno. La respuesta del Ejecutivo fue clara: “El Gobierno cumple sus compromisos”. Sin embargo, los posconvergentes ya tienen registrada en el Congreso la proposición no de ley en la que instan a Sánchez a “plantear una cuestión de confianza”. No será hasta el próximo martes cuando la Mesa analice esta iniciativa, pero ya se han planteado dudas sobre su admisión a trámite.
Fuentes parlamentarias explican que esas dudas que hay en el equipo jurídico del Congreso se deben a que la cuestión de confianza está reglada en la Constitución, en el artículo 112, y desarrollado después en el reglamento de la Cámara Baja, y que la iniciativa le corresponde tomarla única y exclusivamente al presidente del Gobierno. En este sentido, la proposición de Junts supondría activar un mecanismo que no le corresponde y plantear al Congreso una votación que, de facto, serviría para comprobar los apoyos de Sánchez. Las mismas fuentes explican que no hay precedentes de esta situación.
Los argumentos
Varios letrados del Congreso, a la hora de analizar el mecanismo de la cuestión de confianza, admiten que la verificación de los respaldos con los que cuenta un presidente del Gobierno se pueden hacer con “la aprobación de una moción ordinaria descalificando al Gobierno” -donde podría encuadrarse la iniciativa de Junts-, pero que “en los sistemas de parlamentarismo racionalizado, como el español, la exigencia de responsabilidad política tiene cauces específicos“.
En este punto, hacen hincapié en que los dos mecanismos que existen para ello son la moción de censura y la cuestión de confianza, las cuales tienen el mismo efecto, “la destitución del Gobierno”. Pero reiteran que su origen son distintos. La moción de censura “es una iniciativa parlamentaria” y la cuestión de confianza “es gubernamental“. Por tanto, las dudas surgen al plantear si Junts está activando una figura que le corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo.
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El calendario
Será el próximo martes cuando la Mesa deba decidir si se tramita o no la proposición no de ley. Más allá de la recomendación final que hagan los letrados, cuya opinión no es vinculante, serán PSOE y Sumar, con mayoría en este órgano, quienes decidan. Si se inclinan por rechazar la iniciativa, el órdago de Junts terminará ahí. Si optan por permitir que se debata, no será hasta mediados de febrero cuando llegue al pleno del Congreso.