El exministro de Transportes José Luis Ábalos está preparando una serie de ‘pruebas’ para presentar en el alto tribunal para desarmar las acusaciones que ha vertido el considerado nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Entre ellos figura un documento en el que enumera hasta 25 contradicciones, o lo que directamente considera “mentiras” del empresario, pero también resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas o del juzgado de Plaza de Castilla en el que se investigan las filtraciones que considera que se han producido en el procedimiento.
De esta forma, además del documento de 85 páginas en que el que se ha reunido las 25 contradicciones que ha detectado en las declaraciones de Víctor de Aldama, el exministro también ha presentado 11 bloques de documentos. El primero se refiere al Tribunal de Cuentas y se centra en las resoluciones dictadas por el órgano fiscalizador para avalar los contratos de mascarillas realizados desde su ministerio.
El segundo engloba las filtraciones que se habrían producido en el caso Koldo y la denuncia que en este sentido presentó la fiscalía, hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.
Entre la documentación también aparecen informaciones periodísticas sobre la parte de la investigación que asumió la Fiscalía Europea, sobre preguntas parlamentarias al Gobierno y relativas a la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes, cuando ya estaba a su frente Óscar Puente.
También incluye las resoluciones judiciales que se han ido dictando sobre la visita al aeropuerto madrileño de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y las distintas comparecencias que se han producido en la comisión del caso Koldo en el Senado, que avalan su versión de lo ocurrido en el MITMA.
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El exministro también considera que refuerzan su defensa los intentos de personación que realizó en el caso Koldo como perjudicado y los contratos y los pagos de alquiler que realizó del chalé gaditano de La Alcaidesa, cuyo disfrute por su parte los investigadores consideran que fue un pago por su intermediación en la adjudicación de contratos.