Felipe González, with a boy in a viola, next to Narcissus Serra, in Surena
Tres economistas han recibido el Premio Nobel por destacar la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Es el 50º aniversario del Congreso de Suresnes y el Gobierno ha enviado a Bruselas su plan presupuestario para cumplir las nuevas reglas fiscales. En Suresnes, el PSOE debía decidir si quería ser parte del problema o de la solución, y Felipe González y los nuevos líderes optaron por esto último abandonando el marxismo, abrazando los principios de la socialdemocracia y acabando con la polarización de las dos España que permitió la Transición y la Constitución.
España ha disfrutado desde 1978 el periodo de mayor estabilidad política y social de su historia y la entrada en la Unión Europea en 1986 nos permitió desarrollar un capital institucional propio de una economía desarrollada que es lo que somos hoy. Gracias a ese capital institucional, como explican los premios Nobel, España ha doblado el empleo no agrícola, ha multiplicado por seis su salario medio y ha desarrollado un Estado del bienestar con sanidad, educación y pensiones públicas universales, algo que muy pocos países y un porcentaje mínimo de la población mundial puede disfrutar.
El problema es que desde la crisis de 2008 no hemos parado de destruir el capital institucional desarrollado en décadas anteriores, de manera que hoy tenemos el mismo nivel de horas trabajadas que hace 15 años y estamos divergiendo en renta por habitante de nuestros socios europeos y en especial de Estados Unidos y los países que lideran la revolución tecnológica. La crisis económica se convirtió en crisis social, luego política y finalmente derivó en una crisis institucional en la que aún seguimos atrapados. El resultado es mínimo crecimiento del empleo desde 2008, precariedad salarial, desigualdad y deterioro significativo de la calidad de la educación y la sanidad públicas.
El principal problema es la fragmentación del Parlamento, que dificulta significativamente la gobernabilidad. Lo sufrimos en la pandemia con la dificultad del Gobierno para aprobar leyes urgentes y la necesidad de sacarlas con el voto de la oposición del PP y Ciudadanos, ya que sus socios de investidura votaban en contra. Lo estamos viviendo con los Presupuestos Generales del Estado: el Gobierno ha sido incapaz de aprobarlos este año y hay problemas con los de 2025; les sucedió lo mismo a Isabel Díaz Ayuso con Vox en Madrid y a ERC en Catalunya forzándole a anticipar elecciones.
Plan fiscal hasta 2031
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El Ejecutivo acaba de enviar a Bruselas su plan fiscal hasta 2031 y el principal problema para cumplir los objetivos que promete es la crisis institucional. España tiene una deuda pública superior al 100% del PIB, muy lejos del objetivo europeo del 60%, y un déficit público estructural próximo al 3% del PIB, cuando el compromiso prometido por el Gobierno es tener un déficit próximo al 0%. Versionando al célebre economista John Maynard Keynes, en 2031 todos muertos.
La nueva regla limita el crecimiento del gasto sin intereses de la deuda al 3% anual, condicionado por el anémico crecimiento potencial de la economía española que según el Gobierno es próximo al 1%, por el mínimo aumento de la productividad por trabajador en España desde el año 2000. Si el gasto crece menos que el PIB nominal, en 2031 el peso del gasto público sobre el PIB se habrá reducido y eso eliminará el déficit y permitirá dedicar los recursos generados por el crecimiento para reducir la deuda pública. Estas reglas fueron lideradas por la socialdemocracia nórdica y alemana para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y del Estado de bienestar hace muchas décadas y es el modelo de país que el PSOE decidió en Suresnes.
La realidad es que el Gobierno actual del PSOE no ha cumplido ningún año desde 2018 con crecimientos promedios superiores al 5% anual y consolidando como estructural todo el gasto extraordinario realizado durante la pandemia en 2020 y 2021. Ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP ha cumplido tampoco la regla de gasto. Carles Puigdemont ha tumbado al Gobierno dos veces la aprobación de la senda déficit y para conseguir su apoyo, si se consigue, está exigiendo más gasto e inversiones para Catalunya. A eso habrá que sumar el aumento de gasto necesario para que apoyen los Presupuestos Generales del Estado también ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria, etcétera.
Negociación precaria
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Esta situación tan precaria del Ejecutivo en la negociación ayuda a explicar que en el plan enviado a Bruselas prometa aumentar el gasto por encima del 3% en 2025 y 2026, años que dura la actual legislatura, y deje el ajuste fiscal fuerte con crecimiento del gasto próximo al 2% para 2030 y 2031. Suponiendo que se aprueben los Presupuestos, será difícil cumplir el no ajuste prometido a Bruselas y además habrá que negociar con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, en un entorno de polarización y enfrentamiento, intensificado tras el informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) sobre el caso Ábalos.
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Como ha recomendado Daron Acemoglu, premio Nobel, España necesita reforzar su seguridad jurídica de la propiedad privada y hacer reformas para aumentar el desarrollo tecnológico e incrementar la productividad y los salarios; solo así podremos mejorar la calidad de la sanidad y la educación públicas y garantizar los compromisos de pensiones que hoy pagamos a crédito emitiendo deuda pública que pagarán nuestros hijos. Para eso necesitamos volver a aumentar el capital institucional, como hicimos en los años 80, siendo referente mundial en una transición de una dictadura a una democracia moderna.