Los nuevos edificios residenciales que se construyan en España tendrán que incluir un mínimo de dos plazas de aparcamiento para bicicletas por piso a partir de mediados de 2026, siempre que tengan más de tres plazas de aparcamiento para coches. La normativa también aplicará a los edificios residenciales “que sean objeto de renovaciones importantes”.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de abrir la consulta pública para la modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), con la que, entre otras cuestiones, se transpondrá la directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios. Muchas de las modificaciones que incluye deben entrar en vigor antes del 29 de mayo de 2026. Otras, a partir de enero de 2027.
El departamento dirigido por Isabel Rodríguez explica en la consulta pública que uno de sus principales objetivos es “desarrollar las nuevas exigencias” relativas a “infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y plazas de bicicleta en edificios”. Fuentes ministeriales confirman a El Periódico de España que, una vez se aprueben los cambios en el CTE, serán obligatorias las dos plazas de parking para bici por piso.
La directiva europea, de abril de 2024, busca fomentar “la movilidad ecológica”. Considera que los edificios “pueden desempeñar un papel importante a la hora de proporcionar la infraestructura necesaria, no solo para la recarga de vehículos eléctricos sino también para las bicicletas”.
La norma reconoce que la falta de aparcamiento es una “barrera importante” para el uso de la bicicleta y considera que si se establecen requisitos mínimos este podría aumentar. Esos mínimos pasan por crear dos plazas por cada “unidad” del edificio residencial. En el caso de edificios no residenciales nuevos, habrá que instalar plazas para bicicletas “que representen al menos el 15% de la capacidad media o el 10% de la capacidad total de usuarios de los edificios no residenciales”.
La directiva prevé, eso sí, una excepción para los edificios residenciales nuevos. Según su redacción, “los Estados miembros podrán, previa evaluación por parte de las autoridades locales y teniendo en cuenta las características locales, incluidas las condiciones demográficas, geográficas y climáticas, ajustar los requisitos relativos al número de plazas de aparcamiento para bicicletas”.
Más aparcamiento en edificios públicos
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Laura Vergara, portavoz de la coordinadora en defensa de la bicicleta ConBici, considera también relevante que la directiva hable de los edificios no residenciales ya construidos y de los edificios públicos. En los primeros será obligatorio crear plazas para bicicletas con los mismos porcentajes que en los nuevos antes de enero de 2027, siempre que estos edificios tengan ya veinte plazas de aparcamiento para coches. En los segundos no se hace mención a los aparcamientos ciclistas, solo a la instalación de precableado para la recarga eléctrica.
“Los edificios públicos tienen un valor social importante y sensibilizan a las personas que los gestionan”, dice Vergara. “Son espacios a los que todas las personas nos desplazamos: por ejemplo, una estación. Si instalamos aparcamientos en todas las estaciones facilitaremos la intermodalidad. Nos gustaría que en los edificios públicos se incluyera una medida equivalente a la de los residenciales”.
Además, continúa, “nosotras habríamos desvinculado los aparcamientos para bicis de la disponibilidad de plazas para coches. Al final, todos los edificios van a tener esa necesidad. Por eso aspiramos a que la transposición sea más ambiciosa“. ConBici presentará sus propuestas en la consulta pública y espera reunirse después con el Ministerio.
Por otro lado, y conscientes de que en España apenas se está construyendo obra nueva —alrededor de 100.000 viviendas al año, frente a las casi 900.000 que se alcanzaron en los años previos a la burbuja—, desde ConBici intentarán que el Ministerio haga los cambios necesarios para facilitar la instalación de aparcabicis en edificios residenciales ya construidos. Actualmente, los vecinos que quieran hacerlo en su comunidad deben conseguir que tres quintas partes de los propietarios voten a favor, lo que convierte estos procesos en auténticas odiseas para sus promotores.
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“La regulación de las decisiones de las comunidades de vecinos tiene otros marcos”, concluye Vergara. “No se va a hacer en el CTE, sino que habría que hacerla en la Ley de Vivienda modificando la Ley de Propiedad Horizontal, por ejemplo. El Ministerio nos ha mencionado que esto es un comienzo, así que seguiremos negociando con ellos”.