Casi un año después de haberse sellado, el pacto entre el PSOE y Junts para el traspaso de competencias en inmigración sigue encallado. El compromiso viene de lejos, concretamente de principios de 2024, cuando Junts salvó con su abstención dos decretos del Gobierno. Sin embargo, el acuerdo no especificaba una fecha, ni tampoco dejaba claras las materias que incluiría, algo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones contradictorias y choques constantes entre ambos partidos durante todo este tiempo. Algunas de estas diferencias que siguen manteniéndose a día de hoy.
Según apuntan fuentes posconvergentes a El Periódico, el principal escollo que retrasa el acuerdo es quién tiene la potestad de conceder el Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Actualmente, el trámite para la obtención de este documento -equivalente a un DNI para foráneos- se puede solicitar en las Oficinas de Extranjería o en Comisarías de la Policía Nacional, que es la encargada de comprobar si el solicitante cumple todos los requisitos. Después es el Delegado o el Subdelegado del Gobierno en la comunidad correspondiente el que da el primer permiso de tres meses -mientras se recaba toda la información- y el posterior, que debe renovarse anualmente. Junts quiere que toda esta gestión dependa de la Generalitat, a través de los Mossos y de la Conselleria de Interior, y que esta pueda fijas sus propias condiciones.
Fuentes del Gobierno consultadas por este diario, mientras tanto, reconocen que este es un tema a debate, sobre el que existen diferencias, pero no es el único. “Hay más asuntos en negociación”, señalan fuentes de la Moncloa. Hasta ahora el principal escollo pasaba por el control de las fronteras, que Junts reclama para la Generalitat y el Ejecutivo rechaza por inconstitucional y contrario al planteamiento dentro de la UE.
En cualquier caso, el acuerdo, sobre el que ambas partes son optimistas, tendrá si acaba gestándose una trascendencia política que va mucho más allá de la propia gestión de la migración. Sin este pacto, resulta muy difícil, casi imposible, que Pedro Sánchez pueda lograr el apoyo de los siete diputados posconvergentes a los Presupuestos del año que viene, la iniciativa que permitiría blindar la legislatura. Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el presidente transmitió a Junts que el Gobierno pensaba cumplir los “compromisos” adquiridos. “No vamos de farol. Mueva el culo”, le había dicho poco antes Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria del partido independentista.
La cesión “integral”
“Queremos decidir sobre los permisos de corta y larga duración, las órdenes de expulsión, la lengua catalana, el control de las fronteras… integral significa esto”, advirtió el líder del partido, Carles Puigdemont, en la conferencia del pasado lunes en Bruselas, en la que reclamó a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. También dejó claro que, en esta cuestión, no se conformarían con una “encomienda de gestión”. Es decir, que no aceptaría simplemente gestionar algunas tareas por encargo del Estado.
Junts tenía la intención de poder lucir este acuerdo antes de terminar el año. A finales de noviembre el secretario general, Jordi Turull, daba ya por hecho el acuerdo y aseguraba que solo quedaban “flecos”. Sin embargo, las expectativas han ido menguando con el paso de los días. A pesar de que Sánchez también se mostró optimista durante los festejos de la Constitución, los posconvergentes reaccionaron asegurando que los flecos que quedaba eran “muy importantes”.
Para los posconvergentes, la inmigración es un tema especialmente sensible y sobre el que se han propuesto incidir a partir de ahora. A pesar de sus intentos de desligar la cuestión de la irrupción de Aliança Catalana, hay un trasvase de votos entre ambos partidos y la formación considera que la cuestión no puede ser liderada por el discurso claramente racista de la extrema derecha catalana. Por esta razón, en la hoja de ruta aprobada el pasado mes de octubre en el Congreso de Calella, el partido ya definió su estrategia en esta cuestión.
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Los posconvergentes proponen que el catalán sea un requisito para “renovar los permisos de residencia y trabajo” de los inmigrantes que estén en Catalunya, aunque sin aclarar qué plazo de tiempo se daría para aprender la lengua. Lo dejan todo en manos de una Agencia Catalana de Inmigración, de nueva creación. Sin embargo, de haber acuerdo, Junts no podrá poner en marcha su política migratoria, al menos por el momento, ya que las nuevas competencias dependerán del Govern de la Generalitat liderado por Salvador Illa.
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