El Defensor del Pueblo publicó a comienzos de septiembre una resolución en la que explicaba su decisión de no presentar un recurso contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Este miércoles, Ángel Gabilondo ha asegurado que no ha recibido presión alguna por parte del Gobierno para que no actuase contra la medida de gracia. Además, ha explicado que parte de su decisión se basa en que la cuestión ya está judicializada con los recursos impulsados por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
“No he recibido ninguna presión ni ningún encargo de ningún poder ni ninguna institución del Estado. No me ha llamado nadie y tampoco lo hubiera admitido. Conozco mis obligaciones y he actuado según mi criterio”, ha sentenciado Gabilondo en una comisión mixta Congreso-Senado en la que ha sido citado a petición de PP y Vox para que explicara por qué no ha presentado un recurso ante la ley de amnistía ante el TC, como le permite la Constitución y a la vista de las peticiones que han hecho varios organismos.
Gabilondo ha insistido en la “situación un poco singular” de la amnistía, ya que antes de que terminaran los tres meses de que dispone el Defensor del Pueblo para presentar un recurso ya se había pronunciado el TS. Así, ha recalcado que el TC “dirimirá sobre la constitucionalidad de la ley y quedarán definidos legamente los extremos de lo que ha sido asunto de confrontación y controversia política”. “No parece lo más prudente dar por asentadas las cuestiones, muchas de ellas de enorme complejidad jurídica, con meras declaraciones o tomas de posición sin incluir un estudio detallado de la ley en cuestión”, ha deslizado.
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Además, aunque ha evitado en todo momento dar su parecer sobre la amnistía, Gabilondo sí ha apuntado que esta no está prohibida en la Constitución y que si bien sí lo están los indultos generales hay un margen de “posibilidad” de que la amnistía sea plenamente constitucional, por lo que se sumaba así otro argumento a su decisión de no recurrir la norma.