Thu. Oct 10th, 2024

El Ejecutivo ha intensificado los contactos con el gobierno de Canarias para intentar retomar la reforma de la ley de extranjería que haga obligatoria la distribución territorial de los menores migrantes llegados a sus costas. Sobre la mesa está la oferta de una mayor financiación por parte del Estado, en la que trabaja de Hacienda, después de perfilarse el catálogo de recursos con los que cuentan las comunidades autónomas. En base a este catálogo y otra serie de criterios como el PIB o la población se hará una propuesta de modelo de reparto territorial. La otra baza del Gobierno es que un acuerdo en esta línea dejaría sin efecto la vía judicial contra el protocolo de acogida del ejecutivo canario, sobre el cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió este lunes mantener su suspensión cautelar y el Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

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