Las caóticas negociaciones del Gobierno con sus socios de investidura para impulsar una reforma fiscal han dejado tocada la mayoría de investidura, pero también el papel como muñidora de acuerdos de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda llevó las riendas de las negociaciones al tratarse de sus competencias, optando en primer lugar por atar los votos de Junts y PNV. Para ello se comprometió a suprimir el impuesto a las energéticas, lo que descargó la presión sobre el arco progresista. Desde el principio se negó a buscar una vía intermedia, como le pedían ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, para prorrogar vía decreto tanto el gravamen a las energéticas y a la banca. Algo que incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tampoco lo veía factible aludiendo a cuestiones jurídicas.
Quien sí se abrió a esta solución fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, según relatan algunos de los socios de investidura. Precisamente, en las negociaciones in extremis de la madrugada del lunes para intentar salvar en parte la reforma fiscal, el ministerio de Presidencia intervino directamente. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, negoció presencialmente en la sala de Gobierno del Congreso con los grupos, junto al jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno. Antes de que se consumase la amenaza de los socios del arco progresista de tumbar el dictamen de la reforma, con el impuesto del tipo mínimo a las multinacionales al que obliga Bruselas, se sacó del cajón la vía de la prórroga del impuesto a las energéticas a través de un decreto.
Un compromiso con ERC, Bildu y BNG que permitió salvar la trasposición del impuesto a las multinacionales del que depende el próximo desembolso de los fondos europeos, y con ello dejar viva la reforma fiscal hasta el pleno del Congreso de este jueves. Minutos después, desde el departamento de Hacienda se matizaba, sin hacer referencia al compromiso sobre el decreto, que “el Gobierno mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.
En la otra pata negociadora del Ejecutivo apuntan, en cambio, que la prórroga del impuesto a las energéticas no puede ser solamente simbólica. La “clave es que sea un gravamen, no una broma”, señalan. Con todo, respecto a las exenciones por descarbonización, no precisan cuándo y de qué manera podrán desgravarse las empresas energéticas por luchar contra el cambio climático. Unas posiciones que tratan de buscar la reconciliación con Podemos, cuyos votos son imprescindibles para sacar el plan fiscal en la votación del pleno del Congreso.
La líder de la formación morada, Ione Belarra, vincula ahora sus votos a que se garantice el mantenimiento del impuesto a las energéticas. “Ayer por la noche el gobierno pactó al mismo tiempo prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu y eliminarlo con Junts, a través de un comunicado de Hacienda. Podemos no acepta tomaduras de pelo”, advertía a través de la red social X. Bolaños mantiene una buena interlocución con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Un canal que ya favoreció su intervención para cerrar un acuerdo que salvó el decreto anticrisis el pasado mes de julio.
En Hacienda habían manifestado su oposición a aprobar un decreto de estas características porque no estaban garantizados los votos necesarios para sacarlo adelante. Si el Congreso lo tumbaba se enviaría un grave mensaje de inseguridad jurídica en materia fiscal. Desde el Ejecutivo insisten en que se sigue negociando y que la vicepresidenta primera sigue al frente.
“Avances” al margen de la DANA
Sobre la posibilidad de incumplir el compromiso de aprobar este decreto si no se garantiza una mayoría, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “los acuerdos los llevamos adelante”. Tras ello insistía en que la negociación sigue abierta y que se está hablando con las distintas fuerzas.
En el Ejecutivo se evita la autocrítica sobre el resultado de las negociaciones, pero en privado se desliza que quizá no era el mejor momento para intentar sacar adelante una reforma fiscal de calado. Montero aprovechó el foco en la DANA para abordar de forma discreta en varias negociaciones pendientes, incluida la de Presupuestos. Unas conversaciones en las que, según fuentes del Ejecutivo, se lograron “avances” en diferentes cuestiones. En ese contexto, se decidió precipitar un plan fiscal que, a la espera de lo que ocurra este jueves en el pleno del Congreso, se ha demostrado arriesgado. Provocando un choque entre los socios de investidura que complica todavía más las cuentas públicas.
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Los socialistas tiran de la máxima de que lideran un Gobierno en minoría, pero que son la única formación del Congreso capaz de articular una mayoría parlamentaria. “Hay que ser conscientes de la complejidad del Congreso. Tiene mucho mérito gestionar la complejidad”, argumentaba la portavoz del Gobierno para concluir que “la hoja de ruta se va sacando toda”.