La reforma del sistema de financiación autonómica ha sido uno de los grandes debates de la última década en Baleares. El archipiélago es la segunda Comunidad Autónoma que más recursos envía al Gobierno vía impuestos, concretamente 3.248 euros por habitante según los últimos datos de la Agencia Tributaria, mientras que baja hasta la novena posición a la hora de recibir recursos, con solo 2.910 euros por ciudadano.
El conseller de Hacienda, Antoni Costa, recuerda que solo Madrid, Baleares y Cataluña son aportadoras natas del sistema común. En el ejercicio de 2025, entre los diferentes fondos, las islas enviarán al Estado alrededor de 626 millones de euros, una cifra muy superior a la de 2024, que ha sido de 190,87 millones de euros.
Según el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, en caso de que el principio de ordinalidad se extienda, Baleares podría recibir entre 400 y 900 millones de euros más cada año. Incluso defiende que si además se entiende la ordinalidad como un proceso en que cuente para el ‘reranking’ del orden para que nadie pierda, el importe puede llegar a los 900 millones. Una cifra que Fedea eleva hasta los 1.000 millones.
Después del acuerdo entre PSC y ERC para que Cataluña tenga una financiación singular, Baleares ha vuelto a abrir el debate. No existe un gran consenso porque mientras el Partido Popular insiste en la necesidad de reformar el sistema siempre a partir de una negociación multilateral, la oposición -desde el PSOE hasta los ecosoberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca- apuesta por iniciar un diálogo bilateral, como ocurre en Cataluña. Además, Més ha planteado en multitud de ocasiones la posibilidad de que Baleares tenga un concierto económico como el del País Vasco o Navarra, si bien nunca ha obtenido apoyos.
Pese a ello, todos coinciden en algunas reclamaciones concretas como la incorporación del principio de ordinalidad, siempre ligado a la capacidad tributaria, así como un mayor reconocimiento de la insularidad, del impacto del crecimiento poblacional, de la importancia de la población flotante y del mayor coste de la vida en Baleares.
El Govern que encabeza Marga Prohens ha pedido un frente común de todos los partidos y agentes económicos y sociales para diseñar una estrategia de cara a las negociaciones que se van a abrir. El PP, además, pide que las comunidades con una capacidad fiscal por encima de la media, como es el caso de Baleares, tengan “un cierto premio”.
En cuanto a la negociación con las demás comunidades, existe un cierto optimismo entre las filas del Partido Popular porque consideran que pueden convencer a los distintos barones de que Baleares necesita una mejor financiación a pesar de que esto pueda suponer una rebaja de los recursos que reciben. En cambio, la oposición es totalmente pesimista con la efectividad de esta negociación multilateral y apuesta por la bilateralidad al considerar que las demás regiones no consentirán una bajada de los recursos a cambio de que mejore la situación de Baleares, básicamente porque cada uno buscará la mejor opción para sus comunidades.
Otra de las cuestiones fundamentales en la que ha insistido el Govern es la autonomía fiscal, esto es, poder bajar o subir impuestos sin que el Gobierno decida entrometerse. Las amenazas del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de armonizar impuestos han suscitado duras críticas por parte de la presidenta balear. Las últimas rebajas impositivas aprobadas en Baleares, desde la eliminación del Impuesto de Sucesiones hasta la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio, han recibido la reprobación del Gobierno.
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La presidenta del Govern sigue la línea marcada por Alberto Núñez Feijóo de defender los acuerdos conjuntos, si bien su intención es plantear a la Moncloa la necesidad de mejorar la financiación de Baleares, así como recuperar inversiones como los convenios de carreteras y ferroviario, además de una mayor compensación de la insularidad, que afecta tanto a empresas como a particulares.