El Tribunal Supremo de Argentina resolvió este lunes desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en una causa en la que se la acusa de lavado de activos y admisión de dinero y por la que deberá ahora ir a juicio oral y público.
El fallo, al que tuvo acceso EFE, rechazó el recurso de la exmandataria y dejó firme la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre de 2023 había anulado el sobreseimiento de Fernández en la causa conocida como Hotesur-Los Sauces.
La causa lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia de Fernández y de su esposo y antecesor, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), e investiga supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
El recurso rechazado este lunes por el Supremo había sido solicitado además por el hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, acusado de lavado de activos y asociación ilícita, y por otros dos acusados.
“La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”, señaló el voto los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Esta decisión llega menos de dos semanas después de que el Supremo rechazara un recurso de la expresidenta en una causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento con Irán, y por la que también deberá ir a juicio oral y público.
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El mes pasado, además, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” contra Fernández en una causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de la exmandataria y de Néstor Kirchner.