Por primera vez en su historia, la Sala Segunda (Sala penal) del Tribunal Supremo registra una magistrada aspirante a presidirla. Este lunes 11 de noviembre ha quedado confirmado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Ana Ferrer García (Madrid, 1959) y Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955) aspiran a ocupar la presidencia que quedará vacante el próximo 5 de diciembre, fecha en que caduca el mandato de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), quien deja el mando después de ejercerlo durante diez años para permanecer como magistrado en dicha sala.
Ana Ferrer García intentará no ser solamente la primera mujer presidenta de la sala, sino, también, la primera magistrada progresista en hacerlo después del breve mandato -dos años- del “último progresista” que presidió esta sala, el magistrado José Jiménez Villarejo, entre 1997 y su jubilación en 1999.
Ferrer recaló en la Audiencia Provincial de Madrid en 1996 y asumió la presidencia de la misma en 2009 hasta que en febrero de 2014 el CGPJ la nombró magistrada la Sala Segunda del Supremo, la primera mujer entronizada en la sala penal.
Ana Ferrer siente, según comentarios privados, que ha llegado “su momento” para presidir la Sala Segunda para la que tiene planes —lleva en la misma diez años- que expondrá ante la comisión permanente del CGPJ durante el proceso habitual de comparecencias de los aspirantes, que tendrá lugar en las próximas semanas. Marchena desea dejar el cargo el 5 de diciembre.
El magistrado Manuel Marchena deja la presidencia tras ejercer un primer mandato de cinco años (2014- 2019) y ser renovado por un segundo (2019-2024) después de ver abortado, en noviembre de 2018, el pacto PP-PSOE para ser presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
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Los precedentes
Dos candidatos progresistas ya lo intentaron. En junio de 1999, José Antonio Martín Pallín, procedente de la carrera fiscal, se presentó para ocupar la presidencia que dejaba Jiménez Villarejo, pero el magistrado conservador Luis Román Puerta obtuvo los doce votos necesarios con el respaldo sin fisuras de los vocales de la derecha, incluyendo al entonces presidente Javier Delgado; Martín Pallín sacó cinco votos.
Al vencer los cinco años de Román Puerta, Martín Pallín volvió en 2004 a presentarse -aunque se retiró tras criticar el “mercadeo de cargos judiciales”, “intercambio o mercadería”- ante la candidatura del magistrado Juan Saavedra, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, quien después de varias votaciones obtuvo la mayoría absoluta.
Y en 2010, otro candidato progresista lo intentó sin éxito: Joaquín Giménez. Obtuvo seis votos frente a los 13 que obtuvo en primera votación Saavedra, quien más tarde, en 2014 cedería el testigo al magistrado apoyado por la mayoría conservadora, Manuel Marchena, que venció frente a las candidaturas de Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero.
Mira por dónde, aquella contienda, permitió airear algunas propuestas sobre el funcionamiento de la Sala Segunda ante la comisión permanente del CGPJ, que preside las comparecencias de cada candidato.
Va de suyo que las propuestas no iban a decidir nada. Porque el rodillo de Carlos Lesmes, el entonces zar o seleccionador, ya tenía a su GAL (Grupo de Amigos de Lesmes) en acción, y Marchena era “el candidato”.
Pero quizá a la luz de la nueva competición entre Ferrer y Martínez Arrieta -cuya relación según han dejado saber ambos a sus amigos es de gran admiración mutua- merecen la pena de evocar.
La imparcialidad
Fue en septiembre de 2014 cuando Conde-Pumpido expuso ante Lesmes y miembros de la comisión permanente el tema de la imparcialidad en el funcionamiento de la Sala Segunda.
“Habría que reforzar las garantías y concretamente deberíamos asegurar una separación absoluta entre la función de instruir y la de juzgar”, explicó el entonces aspirante (derrotado de antemano).
“Los miembros de la Sala de Admisión [de la Sala Segunda del Tribunal Supremo] not to participate in any case before the court of first instance. This is a very important decision of the 61st bench of the Supreme Court [integrada por los presidentes de cada una de las salas, más otros magistrados]. Car from June 20, 2011. dictated in the case of the player Baltasar Garzon, it was established that the car of admission under certain circumstances could constitute a reason for incompatibility with the participation in the juiciamiento, the loss of infallibility, and in these cases he agreed with the recusación del Presidente and de los demás magistrados”.
Ese incidente llevó a crear una Sala de Recursos, separada de la Sala de Admisión. Pero “se sigue manteniendo la posibilidad de que la Sala de Admisión participe y, además, normalmente, de acuerdo con la Sala de Gobierno [del Tribunal Supremo] acaba siendo el tribunal de juiciamiento”, warned the aspirant.
Los cambios en el reparto
¿Cómo separar completamente la admisión, por un lado, y el enjuiciamiento, por el otro, para garantizar la imparcialidad?
Conde-Pumpido proponía tres cambios en el sistema de reparto.
“Hacer la Sala de Admisión íntegramente rotatoria. No tiene ningún sentido que el propio presidente (de la Sala Segunda) integre permanentemente una determinada sección, de la misma manera que, en el reparto de todos los demás asuntos, el presidente, que es primus inter pares, rota con el resto de magistrados también el asunto de la Sala de Admisión debería rotar con los magistrados a los que corresponde por turno”. Según explicó el entonces aspirante “de esta manera, el presidente, aunque al no estar siempre en la Sala de Admisión podría participar en su caso en la Sala de Enjuiciamiento [el tribunal]. That’s why the reception hall will be a complete spinning wheel.”
La segunda iniciativa, explicó, sería la de “unificar la Sala de Admisión y la Sala de Recursos”.
En el sistema vigente existe una Sala de Admisión de causas especiales, una de Recursos que resuelve los recursos contra el juez instructor [de la Sala Segunda] there is a Sala de Juiciamiento [tribunal].
Según Conde-Pumpido, la Sala de Admisión y la de Recursos debería ser una sola. “De esta manera tenemos una sala que se encarga de toda la instrucción, de admitir y resolver los recursos, y una sala que está libre para el enjuiciamiento”, señaló.
La tercera pata de la reforma era cómo nombrar a los miembros de la Sala de Enjuiciamiento o tribunal. “Serían en todo caso designados por un turno absolutamente riguroso, y en ningún caso, naturalmente, los miembros de la Sala de Admisión y de la Sala de Recursos, que sería única, podrían participar en ella. Creo que con esto se ganaría en imparcialidad y también en neutralidad en el tema del enjuiciamiento de aforados. El presidente [de la Sala Segunda]that es primus inter pares, gozaría de esta manera una mayor neutralidad y guarantiámos una separación absoluta entre instrucción y enjuiciamiento”, pointed out Conde-Pumpido.
Sería deseable que el funcionamiento de la Sala Segunda sea ahora objeto de propuestas, ya que a partir del momento en que se formularon las iniciativas descritas, en septiembre de 2014, nada ha cambiado.
El magistrado Martínez Arrieta, afiliado a la Asociación Francisco de Vitoria, conoce profundamente el funcionamiento de la Sala Segunda. Fue el magistrado más joven, con 43 años, que ingresó en ella en 1998. Tiene 69 años y cumplirá 70, la edad de jubilación de los magistrados (que pueden extenderla hasta los 72), el 13 de abril de 2025.
Ana Ferrer, 65 años, tiene por delante hasta su jubilación los cinco exactos años de duración del mandato de la presidencia.
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Y cree que ha llegado su hora, por su doble condición: mujer y progresista.
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