En el juego de las singularidades, Castilla y León cuenta con dos bazas poderosas con las que marcarse un órdago: la dispersión territorial y el envejecimiento. Dos factores que, por separado, suponen un reto para la prestación de servicios, pero que unidos conforman un auténtico cóctel explosivo para unas arcas autonómicas que tienen los ingresos limitados por su depauperada población. En todos los sentidos. La comunidad tiene uno de los salarios medios más bajos de España, apenas supera los 2.000 euros brutos; ostenta la mayor edad media de todo el país, situada en 48 años; y lleva consigo el pírrico privilegio de ser la región más extensa de toda Europa. Si España es una masa de tierra de 505.000 kilómetros cuadrados, una quinta parte es esta porción del oeste dividida en nueve provincias que, solas, con sus propios recursos, son incapaces de asumir el bienestar de sus censos menguantes.
Hace tiempo que Alfonso Fernández Mañueco no deja pasar una sola oportunidad para reclamar una financiación justa que permita a Castilla y León llegar hasta el último rincón donde residen sus ciudadanos. Por recóndito que sea. El Gobierno de la Junta es consciente de que, ahora mismo, recibe más de lo que aporta al saco común. Pero también lo es de que no cuesta lo mismo prestar los servicios públicos en una comunidad dispersa, como es el caso, que en otra donde la población se concentra en grandes urbes. Tanto es así que uno de sus organismos bandera, como es el Tribunal de Cuentas, ha hecho el cálculo. La región ha incrementado el gasto social un 28% desde el año 2009, mientras que la financiación líquida procedente del Estado ha crecido tan solo un 2% en este periodo. Esto supone una infrafinanciación de 395 millones de euros anuales desde que el sistema está caducado.
La población como variable que mide la necesidad de gasto de los servicios ha perdido peso a la hora de repartir dinero del fondo común. Además, tampoco se ponderan otros factores como la superficie, la dispersión y el envejecimiento. Tres claves que hace tiempo reclama el Gobierno de la Junta de Castilla y León para tener en cuenta a la hora de fijar los nuevos criterios. La mejor muestra de ello se encuentra en la cobertura sanitaria. Esta región cuenta con 3.875 centros de Atención Primaria, de los que 247 son centros de salud y 3.628 son consultorios locales repartidos por otros tantos pequeños municipios, a menudo lejos de las principales ciudades y capitales de provincia, pero que requieren igualmente de médicos, enfermeros, material y servicios de emergencia. Los datos, aportados por el Ministerio de Sanidad, desvelan que España cuenta con 274 centros sanitarios por cada millón de habitantes. En Castilla y León, la cifra asciende hasta los 1.663 centros.
El sanitario no es el único ámbito de actuación en el que un territorio de la envergadura de Castilla y León tiene problemas para prestar servicios. Los datos oficiales del Gobierno de España apuntan que, si en el conjunto del país existen 346 colegios públicos por cada 100.000 alumnos, en Castilla y León ese dato asciende hasta los 494 centros. Y, de ellos, una parte importante son colegios rurales, a los que hay que añadir gastos de ruta de autobús y personal asociado a estas particularidades.
Sin embargo, la joya de la corona de la atención a los ciudadanos en Castilla y León no es ninguna de estas dos anteriores. Con una población eminentemente envejecida, la administración ha desplegado un tejido residencial para mayores que ha rebasado ya la barrera de las 7.000 plazas en instituciones públicas. Esto implica contratación de profesionales de medicina, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, auxiliares y personal de administración y servicios.
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Financiar todo este catálogo de nóminas sin repercutir el coste al usuario y con los recursos propios se antoja muy complicado para una administración autonómica con menor capacidad recaudatoria que las que rigen otras regiones más prósperas, de manera que la solidaridad interterritorial resulta para Castilla y León la única vía de cara a garantizar la prestación de servicios públicos. No es capricho, sino un valor superior del ordenamiento jurídico español: la igualdad entre todos los ciudadanos de este país.